Madrid, 30 ago (PL) El Gobierno español anunció que impugnará la creación del primer sindicato de trabajadoras sexuales en este país, aprobado recientemente por el Ministerio de Trabajo. La ministra de esa cartera, Magdalena Valerio, reconoció este jueves la incongruencia de dirigir el departamento que avaló la denominada Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).
A principios de mes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una resolución del ministerio en cuestión, por la que se admite la constitución de Otras.
Según reza el texto del BOE, el visto bueno a esa asociación se realizó tras comprobarse «que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales».
La solicitud de depósito fue formulada a principios de julio para una entidad con sede en Barcelona (Cataluña), y precisa que su ámbito territorial es el Reino de España.
«Me han colado un gol por la escuadra», admitió Valerio tras conocer que varios medios de prensa difundieron hoy la resolución, adoptada el 4 de agosto.
«Yo, como ministra y miembro de un gobierno feminista, jamás habría dado el OK a que esto se publicase en el Boletín Oficial del Estado», remarcó la titular en declaraciones a periodistas.
Su departamento confirmó en un comunicado que ya inició los trámites para impugnar los estatutos de la flamante organización.
«La prostitución no es legal en España, y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo se dé cabida a la prostitución«, subrayó la nota.
El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, aseguró que el registro de Otras en la Dirección General de Trabajo fue «un mero acto administrativo que no contenía errores de forma, pero sí de fondo».
Desde Colombia, donde se encuentra de visita, Sánchez escribió en su cuenta de la red social Twitter que el suyo es un Gobierno feminista y partidario de la abolición de la prostitución.
«La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita», zanjó el gobernante en su mensaje.